Tenían todo cerrado con Milei. Reuniones en Casa Rosada, promesas de libre mercado, hasta borradores de memorandos para explotar tierras raras y uranio. Pero obviaron un pequeño detalle: no era la ventanilla correcta. Las empresas norteamericanas descubrieron que los recursos mineros no son de la Nación, sino propiedad de las provincias y para que las cosas pasen es necesario sentarse con los gobernadores.
El oro gris del futuro -las tierras raras- y el uranio, como todo el subsuelo pertenecen a las provincias en las que están ubicados los yacimientos. Y cada provincia es un mundo, con su propia burocracia, que puede convertir el entusiasmo inversor en una larga sobremesa sin postre.
La raíz del problema está en la reforma constitucional de 1994. Fue Carlos Menem quien entregó la propiedad del subsuelo a las provincias a cambio de los votos que le aseguraron la reelección. Desde entonces, el Estado nacional perdió la potestad directa sobre los minerales, el gas y el petróleo. La herencia menemista sigue viva: ningún presidente puede autorizar por sí solo la explotación de un recurso natural sin pasar por las provincias.
El control de los yacimientos de tierras raras, uno de los objetivos de Trump en Argentina
LPO pudo confirmar que al menos en un caso, se acercaron al país inversores de Estados Unidos interesados en el uranio y después de dos meses de reuniones se chocaron con una pared. «Los derrotó la burocracia provincial», comentó con humor un intermediario que ahora intenta guiarlos en el proceso.
Son cinco las provincias donde están los yacimientos que interesan a Estados Unidos. Catamarca, gobernada por Raúl Jalil del peronismo; Neuquén, territorio del Movimiento Popular Neuquino bajo el mando de Rolando Figueroa; Río Negro, donde manda Alberto Weretilneck del partido provincial Juntos Somos Río Negro; La Rioja, gobernada por Ricardo Quintela también peronista, que impulsa un modelo estatal-asociativo para explotar el uranio y San Juan, donde gobierna el ex macrista Marcelo Orrego.
Mientras Milei habla de atraer inversiones, en la práctica cualquier empresa que quiera excavar tiene que atravesar un laberinto legal y político. Las provincias defienden su autonomía. Lo reconocen en privado funcionarios del gobierno: «No hay marco nacional, no hay ventanilla única».
Chile ofrece el contraste más claro. La minería depende del Estado central. Codelco, la estatal chilena, actúa como garante y socia de grandes proyectos privados. En Argentina, en cambio, un mismo inversor puede pasar tres años tramitando un permiso ambiental en una provincia.
El caso de las tierras raras es paradigmático: la Argentina posee al menos 190.000 toneladas identificadas que podrían convertirla en un actor clave del mercado global.
Las tierras raras son 17 elementos químicos, como el neodimio o el lantano, presentes en pequeñas concentraciones y difíciles de separar. Su valor no está en el brillo, sino en su función: permiten imanes ultra potentes para motores eléctricos, son esenciales para todo el ecosistema tecnológico militar y para casi cualquier dispositivo digital. Si el mundo se está electrificando y digitalizando, estos minerales son el aceite invisible de esa maquinaria.
Son imprescindibles porque sin ellos no hay autos eléctricos, no hay drones militares ni radares, no hay satélites de comunicación, ni iPhone, ni chips de IA. La pelea por la supremacía tecnológica depende del control de ese insumo básico.
Fuente: lapoliticaonline.com