Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal escalaron la confrontación que iniciaron los fiscales contra Mariano Cúneo Libarona por la «improvisada» implementación del sistema acusatorio en Capital Federal.
A través de una acordada firmada este miércoles, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Angela Ledesma, Carlos Mahiques, Mariano Borinsky, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo, Carlos Gemignani, Alejandro Slokar y Gustavo Hornos instaron al ministro de Justicia a «que garantice una responsable previsión de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos para la implementación del sistema acusatorio».
El documento se discutió en el plenario celebrado por los miembros del máximo tribunal penal del país, mientras en la sesión de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, respondía a las preguntas de Rodolfo Tailhade sobre el tema. El legislador quiso indagar sobre las quejas de los fiscales y el armado de una causa contra Cúneo Libarona, por impulsar el cambio del sistema sin recursos.
El segundo de Santiago Caputo intentó desacreditar las críticas que venían sembrándose en pasillos judiciales: «No tenemos ni idea a qué se refieren cuando dicen que no hay recursos», dijo. También agregó: «Entendemos la preocupación honesta de muchos fiscales pero estamos no solo con un plan que tiene más de dos años, que estuvo pensado, sino que además estamos en plazo absoluto de los compromisos que asumimos así que nos sentimos muy confiados de que vamos a llegar».
Como informó LPO, la falta de recursos para que los fiscales se hagan cargo del proceso desató una rebelión. Primero, Raúl Pleé, Mario Villar y Javier De Luca elevaron una carta al procurador interino Eduardo Casal, en representación de los Fiscales Generales ante la Cámara de Casación, para advertir que el servicio de justicia se vería «comprometido» con la implementación del sistema acusatorio en Capital Federal si no se asignan los recursos necesarios.
Rebelión de los fiscales por la implementación del sistema acusatorio en Capital
Luego, Ricardo Rafael Toranzos y Alberto Adrián María Gentili, presidente y secretario general de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, sacaron un comunicado señalando que «la vorágine en la implementación en los últimos tiempos puso aún más de relieve la insuficiencia de las asignaciones económicas».
La preocupación llegó también al Congreso. Desde el pichettismo advierten que la aplicación del nuevo sistema demandará un 70 por ciento más de recursos, algo que la Casa Rosada no estaría dispuesta a transferir.
Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, en Comodoro Py.
El senador radical Maximiliano Abad, por su parte, impulsó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que respondan, luego de la presentación de Guillermo Francos ante la Cámara Alta, cuáles son «las adecuaciones edilicias» realizadas para el funcionamiento del nuevo esquema.
Una de las preguntas de Abad se produjo porque el jefe de Gabinete expresó que «el Ministerio de Justicia ha invertido más de $4.771.156.553 en adecuaciones edilicias, recursos tecnológicos para el desarrollo de investigaciones y capacitaciones». «Detalle la distribución de la inversión mencionada», reclamó el legislador.
Fuentes del peronismo alertaron que el malestar de Casación y los fiscales podría explicarse por su resistencia «a perder la manija del poder». «Los recursos que faltan son para poner salas, equipos de audio y video», comentaron y acotaron: «los juzgados tienen 50 empleados y las fiscalías 10, con el acusatorio deberían invertir eso pero los jueces no quieren largar».
Sin embargo, un magistrado de Comodoro Py admitió ante LPO que en el plenario hubo reticencia a incorporar la crítica a Cúneo Libarona, bajo el argumento de que no era para tanto. En tanto, un juez ajeno a esa deliberación explicó que «el peligro de la implementación sin recursos nada menos que en Capital Federal, donde tramitan las causas del poder económico, sería profundizar la descomposición de la Justicia».
Para colmo, el subsecretario de Política Criminal, Alberto Nanzer, cursó invitaciones a jueces con asiento en el distrito porteño para «una actividad de inmersión» en Salta, donde ya se trabaja con el sistema acusatorio, a desarrollarse entre el 19 y el 22 de mayo próximos. «¿Me vas a llevar a una inmersión, después que estudié el Código? ¿Y encima esperás confirmación de mi parte? Si acepto, debería devolver el título», se indignó uno de los convidados.
La cita más desopilante es la que se planificó para el 26 de mayo, en el Howard Johnson de Pilar, para «un intercambio de buenas prácticas con magistrados de jurisdicciones donde ya se encuentra vigente» el nuevo sistema. La invitación también corre por la cartera de Justicia e incluye el alojamiento y las comidas para todos los participantes.
Los objetores de la implementación tampoco encuentran justificación para la premura del gobierno, que por una definición supuestamente unilateral del ministro de Justicia se fijó para el próximo 11 de agosto, pese a que el oficialismo filtrara que Cúneo Libarona lo habría acordado con la Corte Suprema. Ese día cumple años Horacio Rosatti.
Fuente: lapoliticaonline.com