Por primera vez desde que quedó bajo la lupa por una serie de conductas muy opacas, el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque escuchará mañana de tres fiscales diferentes los detalles de conductas presuntamente delictivas que se le atribuyen. Será a partir de las 11.30 en los Tribunales Federales de Rosario en Oroño al 900.
Básicamente se expondrán tres situaciones que complican a Bailaque. Una es la controvertida relación que el juez federal mantuvo con el contador público nacional Gabriel Mizzau. Este es el profesional que había firmado balances de empresas del referente criminal Esteban Alvarado, condenado por narcotráfico, y que a la vez llevaba la contabilidad a Bailaque. Aquí expondrá la conducta reprochada el fiscal federal de la Procuración de Narcotráfico en Rosario Matías Scilabra.
La debilidad de Bailaque en el caso es que él participó como instructor en el caso por el cual Alvarado fue condenado como organizador de un transporte de 493 kilos de marihuana detectado en General Roca Río Negro en 2017. En las misma constancias del caso que él manejó aparece Mizzau, su propio contador, como suscriptor de los estados contables de dos empresas de Alvarado.
Un segundo caso relevante es por la administración de los fondos de la Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada, una poderosa entidad gremial que controla fondos multimillonarios de las labores de estibaje en el Cordón Industrial vecino a Rosario, que es asiento de las mayores agroexportadoras del país. Esa caja la manejó durante casi 50 años el sindicalista portuario Herme Juárez hasta que el juez federal de Campana impulsó una denuncia por asociación ilícita que lo sacó de su cargo.
El caso fue luego transferido a Rosario y lo tomó el juez Bailaque. En mayo de 2021 trabajadores de la Cooperativa denunciaron ante la Cámara Federal de Rosario que la intervención, a cargo de Rubén Pasqualino primero y Daniel Sorrequieta después, transfirió mil millones de pesos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, una financiera que pertenecía al Grupo Unión, que está controlada por los hermanos Fernando y Guillermo Wphei, ambos financistas de Rosario, dueños de medios periodísticos y del llamado Museo de la Democracia en pleno centro de la ciudad.
¿Cómo entra Bailaque a esta controversia? Ocurre que los estibadores recusaron a Bailaque inmediatamente. Alegaron que tuvieron una conversación con Fernando Whpei donde este dijo que era amigo del juez Bailaque y que ofrecía tomar el dinero de la cooperativa porque reportaría mejor interés. El dinero había sido transferido al Grupo Unión y al Banco Coinag.
En estas circunstancias la Cámara Federal, según fuentes del caso, consultó al juez Bailaque para dirimir el pedido de recusación que el magistrado negó. Bailaque informó que la inversión decidida por la intervención de la cooperativa había sido buena y que los fondos estaban protegidos.
La camarista federal Elida Vidal mantuvo el caso en manos de Bailaque. Pero luego la Cámara Nacional de Casación ordenó, con un encendido voto de Angela Ledesma, revisar el caso. Lo tomó el camarista Fernando Barbará. Este le consultó a Bailaque si era como decían los estibadores denunciantes amigo personal de Fernando Whpei. El magistrado respondió: «Nunca negué que somos amigos».
El fiscal federal Federico Reynares Solari le enrostrará mañana al juez Bailaque que no expuso su admitida relación con el financista Fernando Whpei cuando era relevante que lo hiciera: en el momento en que los gremialistas denunciaban que precisamente por ese vínculo no podía ser el juez que dispusiera los destinos de fondos millonarios de la cooperativa portuaria.
Lo que presumen los investigadores es lo mismo que los denunciantes: que hay una historia subyacente guionada por los financistas que reciben los fondos porque ellos ganan con la liquidez de disponer de los mismos. Y que los reciben precisamente porque tienen un juez amigo que inclina la balanza en favor de ellos. «El juez Bailaque posibilitó maniobras fraudulentas que no hace más que generar perjuicios económicos a la Cooperativa», dijo en pleno fragor del conflicto el abogado Federico Jolly al periodista Germán de los Santos, de Aire de Santa Fe.
El fiscal Reynares expondrá mañana que la conducta del juez encaja en las figuras de prevaricato e incumplimiento de deberes de funcionario público. La estrecha cercanía del magistrado, que dispuso el destino de los fondos, y de Fernando Whpei, que los recibió, está claramente expuesta también en otras referencias cauteladas por los investigadores.
La tercera secuencia de casos que se exhibirán contra Bailaque son los que motivaron los allanamientos la semana pasada contra su despacho y el del ex jefe de las delegaciones de la AFIP en Rosario y Santa Fe, Carlos Andrés Vaudagna. Junto a otros funcionarios, ambos están bajo sospecha de haber intervenido sobre casos de contribuyentes en infracción penal económica, para obtener favorecimiento en el manejo de los trámites penales.
La exposición del caso estará a cargo del fiscal Juan Argibay Molina, de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac). Los delitos considerados también son prevaricato e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El juez de garantías a cargo de la audiencia será Eduardo Rodríguez Da Cruz. Se trata de una audiencia llamada multipropósito donde se dan a conocer los hechos bajo investigación sin que constituya todavía una imputación directa a fin de que puedan ser considerados por las defensas. Al magistrado lo representarán los penalistas rosarinos Claudio Puccinelli y Alejandro Parolo. También estarán presentes con sus defensores los contadores Gabriel Mizzau y Eduardo Semino, y el alto directivo de la ex AFIP Carlos Vaudagna.
También están llamados a comparecer Pablo Andrés Allegri (AFIP), Fernando Duncan Amante (AFIP), el contador Omar Albano Rizzo, Luciano Martín Giunta, Román Darío Scattolon (Dirección de Hidrovía) y el secretario del tribunal de Bailaque, Gustavo Guazzaroni.
Fuente: lapoliticaonline.com
