El correismo insiste con que la elección que dio como ganador a Daniel Noboa estuvo cargada de irregularidades. Esta tesis fue apoyada por Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro que no reconocieron los resultados pero no contó con el aval de gran parte de la comunidad internacional que ya dio el visto bueno al comicio y felicitó al reelecto presidente.
Luisa González, excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana, rompió su silencio este miércoles para insistir en supuestas irregularidades en el conteo de votos de la contienda e insistió en su discurso de fraude, a pesar de que esto fue descartado por las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.
La excandidata no se había pronunciado desde la noche del domingo pasado, cuando no reconoció la victoria de Daniel Noboa. «Queridos ecuatorianos, he tomado un tiempo prudente para poder comunicar de manera responsable varios hallazgos que considero realmente graves sobre los resultados electorales del domingo 13 de abril, hechos que ponen en riesgo nuestra democracia», dijo.
Entre las supuestas irregularidades, González mencionó múltiples modificaciones de actas dentro del sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE), alterando la cadena de custodia y los resultados, aumento artificial de la participación, evidenciado por actas con más votos que votantes e incumplimiento del protocolo electoral en la mayoría de Juntas Receptoras del voto, que no registraron el número de sufragantes.
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A su vez, destacó 1.984 actas sin firmas conjuntas de los miembros de las mesas electorales, lo que violaría el artículo 127 del Código de la Democracia, 1.526 con cifras inconsistentes en cuanto al número de sufragantes, lo que las haría nulas, 1.582 actas con desviaciones inusuales respecto al promedio de sus recintos electorales, sugiriendo posible manipulación para el ingreso de actas y una caída anómala del voto en blanco, que indicaría alteración de más de 150.000 papeletas.
En este sentido, el correismo demandó del Consejo Nacional Electoral (CNE) «la publicación inmediata de todas las actas firmadas», «una audiencia pública de auditoría del registro electoral», y el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral.
González agradeció a sus votantes, para «un proyecto que se construyó sobre la legítima unión izquierda y derecha». «Y es, precisamente, por esta causa, por esta lucha, que me impulsa a pensar en los más necesitados, en los más pobres, que me veo en la obligación de denunciar el grave atentado que sufre nuestro país, atropellado en su orden ilegal y constitucional», señaló.
Sostuvo que la campaña electoral estuvo «plagada de irregularidades» y que comenzó con el hecho de que el presidente Daniel Noboa hizo campaña sin licencia para buscar la reelección.
También lo responsabilizó de la «toma de instituciones electorales que permitieron ilegalmente el uso indiscriminado de recursos públicos para una campaña abierta por parte del Gobierno», y la entrega de «bonos millonarios sin análisis técnico como una estrategia populista para comprar votos, lo cual pone hoy en riesgo la dolarización».
Además, cuestionó los «cambios de recintos electorales y estados de excepción de último momento». González finalizó que «todos estos hallazgos gravísimos serán objetados e impugnados ante las autoridades competentes» e instancias legales.
«Esto con el fin de evitar que Ecuador se convierta en un país sin paz sin libertad y sin democracia en medio de una persecución contra quienes hemos tenido el valor de alzar la voz y que hoy cuentan más de 1.000.000 de votos escandalosamente arrebatados en una elección injusta desigual y jamás vista en nuestra historia», concluyó.
Tras los cuestionamientos sobre los resultados en el vecino país, el mandatario colombiano decidió no reconocer aún la victoria de Daniel Noboa, a pesar de que su canciller, Laura Sarabia, felicitó públicamente al mandatario por la reelección.
El movimiento liderado por Rafael Correa también denunció listas negras para perseguir opositores e impedir las salidas del país. Sobre esto se subió el colombiano Gustavo Petro quien sostuvo en redes que «hay una lista negra de opositores en Ecuador que están siendo perseguidos. El gobierno de Colombia le dará asilo a todo el que llegue a territorio colombiano». Además, en la misma publicación, denunció, sin exponer pruebas o nombres, que «han sido detenidos observadores electorales colombianos».
El ex candidato a vicepresidenta, Diego Borja, afirmó en sus redes que «un hecho tan insólito como ilegal, el día de hoy fui objeto de una acción arbitraria por parte de funcionarios migratorios ecuatorianos en el Puente Internacional de Rumichaca, mientras registrábamos nuestra salida del Ecuador para luego proceder con el ingreso a Colombia, junto con mi esposa, para pasar en este país el feriado de Semana Santa. Pero, sin ninguna orden judicial, sin mediar explicación alguna y con absoluta prepotencia, intentaron arrebatarme la libertad».
Borja detalló que «me retiraron la cédula de identidad y buscaron detenerme Mi «falta» ha sido ser el binomio vicepresidencial de la Revolución Ciudadana, de lo cual estoy muy honrado. Mi «falta» ha sido defender un proyecto político que siempre ha creído en la justicia social, la distribución de la prosperidad, la soberanía y la dignidad».
«Como economista, como exministro de Estado y como ciudadano, me he pronunciado públicamente contra la entrega del país, contra la persecución política y contra los pactos de impunidad que nos han devuelto a un pasado que parecía insepulto, en el que reina el saqueo de los recursos que son de toda la sociedad, la violación de los derechos y las libertades civiles, y la más rampante corrupción», agregó.
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Finalmente, Diego Borja, planteó que «al igual que miles de compatriotas, he sentido en carne propia el peso de un Estado que persigue en lugar de proteger, que intimida en lugar de dialogar. Afortunadamente, logré resguardar mi integridad cruzando a territorio colombiano, evitando así una detención sin causa, sin orden judicial y sin ninguna base legal. Esta no es la primera arbitrariedad ni la unica vulneración a mis garantías, mí seguridad y la de mi familia».
«Las amenazas deben parar. El Estado es responsable de garantizar nuestra vida y nuestros derechos. Sin embargo, le hablo al país con la frente en alto, como siempre lo he hecho. Porque el Ecuador no necesita más silencio. Necesita verdad. Y esa verdad, aunque incómoda para algunos, no se detiene con amenazas ni con amedrentamientos», culminó.
Fuente: lapoliticaonline.com
