A pocas horas de finalizar el año, Martín Llaryora avanza por doble vía para limitar el poder del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. El viernes 27 intentará que la Legislatura provincial confirme como integrante del mismo a Jessica Valentini, actual Oficial Mayor de la Municipalidad de Córdoba. Y, al mismo tiempo, promovió un proyecto de ley para crear un tribunal de casación, una forma de podar las funciones de los altos jueces cordobeses.
El proyecto de ley para la creación de un tribunal de casación fue presentado el libertario Agustín Spaccesi, a quien Gabriel Bornoroni acusa de traidor por jugar en tándem con el peronismo cordobés.
El peronismo, sin embargo, admite que el trazo grueso del proyecto fue redactado en el Gobierno. En síntesis, busca que haya un nuevo tribunal entre la Cámara del Crimen y la Corte provincial, órgano este último que actualmente tiene la instancia de casación.
La jugada es tan audaz que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el schiarettista Luis Angulo, salió al cruce de la idea de montar un nueva instancia de casación, que hoy está en manos del Alto Cuerpo.
«En el marco de la democracia es indispensable el diálogo institucional, en particular si nos referimos a temas de trascendencia como este proyecto para crear un tribunal de casación. Esto implica necesariamente consulta y participación de todas las entidades del quehacer judicial capaces de garantizar un debate serio y profundo», dijo Angulo, quien acompaña a Schiaretti desde la intervención federal a Santiago del Estero, en los 90.
La queja del Gobierno provincial se enfoca en la Sala Penal de la Corte cordobesa, a la que le achacan por no haber puesto en marcha el llamado «plan territorial», un esquema de gobernanza para que jueces y fiscales estén más en la calle. En la Sala Penal replican que las demoras obedecen a que Angulo privilegió las reformas en el fuero laboral, que es su ámbito. Su estudio jurídico es uno de los históricos en el litigio laboral. La interna en la Corte cordobesa es expuesta, al punto que el vocal Sebastián López Peña, integrante de la Sala Penal, votó en contra de Angulo para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.
El otro blanco de las críticas del Gobierno es el fiscal General Juan Manuel Delgado, también exfuncionario de Schiaretti. Delgado es la otra pata operativa del «plan territorial». A un año de la asunción de Llaryora, no se puso en marcha ninguna de las 17 nuevas fiscalías que creó el gobernador cuando llegó al poder. De estas, recién comenzarán a funcionar seis en febrero, las especializadas en narcomenudeo.
A Delgado le queda mandato hasta abril de 2026. Pero Llaryora ya avanzó y el viernes 27 también sería confirmado como fiscal General adjunto Alejandro Pérez Moreno, un destacado penalista integrante de la «familia judicial» que, además, tiene sintonía fina con el gobernador. Pérez Moreno llega con la orden explícita de poner en marcha el «plan territorial» y sacar a los fiscales a la calle, la orden que Delgado «no acató» con la «celeridad» que se esperaba.
Con Pérez Moreno, las tres patas del peronismo cordobés estarán representadas en la Fiscalía General: los delasotistas tienen a Héctor David; los schiarettistas, a José Gómez Demmel; y los llaryoristas contarán con Pérez Moreno como hombre de confianza. Los tres (además de Bettina Croppi) son fiscales generales adjuntos, un escalón por debajo de Delgado, el fiscal General que designó Schiaretti en 2021, aunque con una clara ventaja sobre él: los adjuntos son vitalicios; mientras que el jefe de los fiscales dura en el cargo cinco años.
Fuente: lapoliticaonline.com
