Los bancos piden una reunión urgente con el Central y aclaran que inocencia fiscal no es un blanqueo

La Ley de Inocencia Fiscal fue promulgada este viernes pero el Gobierno todavía no reglamentó su aplicación. En la desesperación por hacer aparecer dólares, Caputo dejó un hueco regulatorio que los bancos se niegan a cubrir con el cuerpo. 

Las principales asociaciones bancarias le pidieron por nota al Banco Central una reunión urgente. No fue una formalidad. Fue una advertencia. Reclaman una mesa con la UIF y ARCA para ordenar criterios antes de que la ley empiece a correr. El planteo central es simple: la norma cambia el régimen penal de los contribuyentes, pero no dice nada sobre las obligaciones antilavado de los bancos. Y vuelven a subrayar lo que el Gobierno evita decir: esto no es un blanqueo. 

Justamente porque la ley no configura un blanqueo clásico, las entidades advierten que el riesgo no desaparece sino que se traslada en el tiempo. Al no existir una amnistía plena ni un cierre definitivo sobre el origen de los fondos, nada impide que más adelante surjan pedidos de información, cruces de datos o requerimientos de otros organismos, locales o internacionales, que vuelvan a poner bajo la lupa esos activos. 

El problema de fondo es que la ley alivia a los clientes, pero deja intactas las cargas sobre las entidades. «A los contribuyentes les bajan el riesgo penal, pero a nosotros nos dejan exactamente en el mismo lugar», explican en el sector. 

El reclamo está firmado por casi todo el sistema financiero. Caputo, incluso antes de la promulgación, salió a presionar a los bancos privados desde X. Les dijo a los ahorristas que si les pedían demasiados requisitos, fueran directo al Nación. 

«Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es, que la persona solo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado», enfatizó Caputo en su cuenta de de X.

El Nación acompañó con un posteo invitando a llevar dólares no declarados a sus sucursales. El detalle incómodo fue que la ley aún no había sido promulgada. El tuit duró horas. Lo borraron. El mensaje era jurídicamente indefendible sin respaldo normativo. 

Más allá del ruido político, los técnicos fueron tajantes. Sin reglamentación de ARCA y del Banco Central, para los bancos no cambia nada. La Ley 25.246 sigue plenamente vigente. Si una persona intenta depositar, por ejemplo, 100 mil dólares sin documentación que respalde el origen, la entidad está obligada a reportar la operación como sospechosa. No es una decisión comercial. Es un deber legal. 

Desde un banco lo explicaron sin eufemismos. «Esto no se arregla con declaraciones. Hace falta una norma del Central que dé cobertura operativa», y recordaron un antecedente reciente: a mitad de año se anunció un esquema similar, se generó expectativa y nunca se reglamentó. El resultado fue previsible: cero impacto real. 

El frente provincial agrega otra capa de riesgo que el discurso oficial pasa por alto. Aunque la Nación flexibilice Ganancias, las provincias y la Ciudad pueden seguir aplicando la figura de incremento patrimonial no justificado. Eso habilita reclamos de impuestos locales, aun cuando el contribuyente esté «en regla» a nivel nacional. Además, bancarizar dinero activa automáticamente regímenes de recaudación anticipada. 

En la provincia de Buenos Aires funciona el Sircreb, que retiene un porcentaje de cada acreditación bancaria como adelanto de Ingresos Brutos. Con la entrada en vigencia del Sircupa, el mismo mecanismo se extiende a billeteras virtuales y cuentas de pago. Las alícuotas varían según la actividad, pero pueden llegar hasta el 5%. Es decir: apenas el dinero entra al sistema, una parte se descuenta sin preguntar. 

La ley promulgada este viernes crea el Régimen Simplificado de Ganancias para quienes facturen menos de mil millones de pesos anuales y tengan un patrimonio inferior a diez mil millones. ARCA solo mirará ingresos declarados y deducciones. Si el contribuyente paga lo que le liquidan, queda liberado de reclamos posteriores por Ganancias. También elimina reportes automáticos sobre consumos relevantes. Compra de autos, inmuebles u operaciones grandes dejan de ser informadas a ARCA por bancos, escribanos o tarjetas. Ese es el núcleo político del proyecto. 

El cambio más fuerte está en lo penal. Los montos que configuran delito fiscal se multiplican. La evasión simple pasa a partir de 100 millones de pesos y la agravada desde mil millones. Además, se habilita la extinción de la acción penal pagando la deuda, incluso con un adicional si el proceso ya está en marcha. 

Para la banca internacional, nada de eso alcanza. Ejecutivos de bancos globales lo dicen en privado: el verdadero riesgo no está en Argentina, sino en sus casas matrices. Las reglas del GAFI, los sistemas de compliance y las sanciones externas pesan mucho más que cualquier incentivo local. El negocio marginal de sumar depósitos no compensa una multa o una investigación internacional. Los ejecutivos firman, dejan rastro y responden penalmente si algo falla, incluso por omisión. 

En la lógica antilavado que rige a la banca hay tres etapas que deben ser controladas: la colocación del dinero, la estratificación para ocultar su recorrido y la integración final vía consumo o inversión. En cada paso, el banco tiene que justificar decisiones y responsables.