Los gobernadores aportaron este miércoles los legisladores necesarios para que hubiera quórum en la sesión convocada por la oposición y agudizaron la confrontación con Javier Milei, que sigue retaceando los fondos que reclaman las provincias.
Entre los mandatarios que sumaron legisladores al plan impulsado por los radicales de Facundo Manes, el bloque de Miguel Pichetto y el peronismo, estuvieron el cordobés Martín Llaryora, el catamarqueño Raúl Jalil, el rionegrino Alberto Weretilneck, el neuquino Rolando Figueroa, el salteño Gustavo Sáenz y el misionero Rubén Passalacqua.
Los representantes de Llaryora se sumaron en apoyo al incremento del presupuesto para las universidades públicas, según fuentes parlamentarias, pero su asistencia recién estuvo garantizada cuando el temario de la sesión se amplió e incorporó los expedientes para bajar las retenciones. Por eso, se sentaron Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca, junto a Juan Brugge y Oscar Agost Carreño, cuyas voluntades se descontaban de antemano.
En el caso de Weretilneck y Figueroa mandaron al recinto a Agustín Domingo y Osvaldo Llancafilo, respectivamente. Ambos coordinan sus acciones con el bloque de Innovación Federal, liderado por la salteña Pamela Caletti e integrado por diputados que responden a Sáenz y el caudillo Carlos Rovira.
De ese lote, el misionero Alberto Arrúa y la salteña Yolanda Vega ingresaron siguiendo instrucciones de sus jefes políticos. Como informó LPO, hubo diputados que somatizaron el estrés en la previa: un legislador acusó «diarrea nerviosa» al tiempo que una colega suya vivió días de profundo nerviosismo porque tiene una sobrina pequeña que recibe atención médica en el Hospital Garrahan.
La presencia más llamativa fue la de la libertaria Marcela Pagano, que atraviesa su peor momento en la bancada de La Libertad Avanza.
Con el envión de los gobernadores, la oposición pudo imponer su hoja de ruta para la sesión. En primer término, se someterán a debate los emplazamientos de las comisiones para que se dictaminen los expedientes de aumento a las universidades, la emergencia pediátrica por el Garrahan y la baja de retenciones.
Luego, se abordarían dos proyectos despachados, listos para recibir media sanción. Se trata de la ley de Juicio por Jurados y la modificación de la Ley de DNU.
En los pasillos del Congreso se rumoreaba antes que arrancara la sesión que el oficialismo intentaría voltearla cuando llegara ese momento. La especulación se basa en que la semana próxima vencerían las facultades delegadas al Poder Ejecutivo desde la sanción de la Ley Bases y el Presidente debería empezar a apelar a los decretos de una manera más frecuente todavía.
Por eso, la oposición pretende cambiar la ley 26122, impulsada en 2005 por Cristina Kirchner, para que baste con el rechazo de una sola de las dos cámaras del Congreso para invalidar un decreto. Si esa fuera la regla, el DNU 70/23 hubiera perdido vigencia con la impugnación del Senado en 2024.
Fuente: lapoliticaonline.com
