TANTI DARÁ MARCHA ATRÁS CON LA ORDENANZA QUE RESTRINGÍA LA COBERTURA PERIODÍSTICA DEL CONCEJO
La ordenanza que limitaba la filmación y difusión de las sesiones del Concejo Deliberante de Tanti será derogada en febrero, luego de una fuerte polémica y del rechazo unánime de organizaciones periodísticas a nivel provincial y nacional.
Se trata de la ordenanza N° 1542, impulsada por la concejala Rosario Álvarez y aprobada en septiembre de 2025, que establecía que las sesiones solo podían difundirse de manera íntegra y sin ningún tipo de edición. La norma prohibía expresamente el recorte, la fragmentación o el abordaje temático del material audiovisual, una práctica habitual en el trabajo periodístico.
La disposición no solo alcanzaba a medios de comunicación y periodistas, sino también a cualquier vecino o ciudadano que registrara los debates legislativos, lo que generó un amplio repudio por considerar que institucionalizaba mecanismos de censura previa.
Radios, canales de televisión y plataformas digitales quedaban obligadas a transmitir las sesiones completas, desde el inicio hasta el final, lo que en muchos casos implicaba varias horas continuas de emisión sin posibilidad de seleccionar los contenidos de mayor interés público.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) fue una de las primeras entidades en expresar su rechazo y decidió incorporar el caso a su monitor de libertad de expresión.
Desde la organización advirtieron que la ordenanza “limita gravemente el libre ejercicio del periodismo” y vulnera el derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de gobierno.
En declaraciones a Cadena 3, Gustavo Di Palma, integrante del equipo de monitoreo de FOPEA, señaló que la norma no afectaba únicamente a la prensa local, sino también a cualquier persona que quisiera documentar el funcionamiento del Concejo. “Se restringe un derecho básico de la vida democrática: observar, registrar y difundir cómo actúan los órganos de gobierno”, sostuvo.
La controversia tomó mayor visibilidad cuando la ordenanza fue utilizada como argumento para enviar una carta documento a la periodista Cristina Coudray por parte de la concejala Álvarez, acusándola de manipular información pública por difundir fragmentos de una sesión y advirtiéndole sobre posibles acciones judiciales.
Para FOPEA, este tipo de disposiciones convierten a un ámbito público en un espacio controlado por el propio poder político y sientan un precedente peligroso tanto para la prensa como para la comunidad en general.
En la misma línea, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su preocupación por la ordenanza y recordó que la libertad de prensa es un derecho constitucional. “El periodismo no puede estar sujeto a condiciones impuestas por el poder político sobre cómo informar actos institucionales que son de interés colectivo”, expresó la entidad, al tiempo que advirtió que prohibir recortes o resúmenes equivale a limitar el acceso ciudadano a la información pública.
