La mina de uranio Los Gigantes, ubicada en las Sierras de Córdoba y abandonada desde hace décadas, vuelve a estar en el centro de la polémica tras denuncias de vecinos y organizaciones ambientales sobre la rotura de la geomembrana del Dique 3, uno de los reservorios de efluentes de la explotación.
De acuerdo con las denuncias, la falla habría sido causada por vientos de más de 100 kilómetros por hora, lo que generó preocupación por posibles filtraciones de residuos radiactivos y metales pesados hacia cursos de agua que alimentan el lago San Roque, fuente de agua potable para Córdoba capital, Villa Carlos Paz y varias localidades serranas.
Desde la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) reconocieron que en 2021 se produjo una rotura en la geomembrana del dique, que demoró más de tres años en ser reparada. Según el organismo, las obras de restauración se completaron a comienzos de 2024 con la colocación de geomembranas nuevas y sistemas de refuerzo. Sin embargo, la CNEA negó que existan roturas recientes o filtraciones actuales, asegurando que no hay riesgo para la población ni el ambiente.
Pese a estas declaraciones, los cuestionamientos persisten. Vecinos y organizaciones ambientales denuncian falta de transparencia y reclaman pruebas concretas que descarten la contaminación. También señalan inconsistencias en los informes oficiales sobre qué dique resultó afectado y advierten que, pese a fondos internacionales asignados en el pasado para la remediación del yacimiento, las acciones efectivas han sido escasas.
Los riesgos no son menores: expertos advierten que una eventual filtración podría comprometer la calidad del agua potable de miles de personas y afectar el ecosistema serrano. Por eso, crece el reclamo social por mayor control ciudadano, monitoreo independiente y respuestas claras de las autoridades responsables.
